Políticas públicas y programas preventivos exitosos

Ministerio de Educación Pública, 2025. [Imagen 1].

Costa Rica, reconocida por su estabilidad política y su apuesta histórica por la paz, enfrenta desde hace algunas décadas el desafío creciente de la criminalidad y la violencia, fenómenos que ponen a prueba su capacidad institucional y el tejido social. Frente a este reto, el país ha impulsado diversas políticas públicas y programas de prevención que, más allá de sus resultados estadísticos, constituyen experiencias valiosas de gestión, articulación interinstitucional y participación comunitaria. En esta entrada analizaremos dos de estas experiencias: la Estrategia de Desarrollo, Prevención de la Violencia y el Delito en Desamparados (2015-2018) y el programa Policía y Juventud, desarrollando un análisis crítico y proponiendo ideas para su fortalecimiento.

El caso de Desamparados

La Estrategia de Desarrollo, Prevención de la Violencia y el Delito en Desamparados surgió como respuesta a la escalada de violencia que afectó al cantón en 2014, caracterizada por un aumento alarmante de homicidios, en su mayoría vinculados al sicariato y al narcotráfico local. El programa se enmarcó en una visión de coproducción de la seguridad, articulada entre el Estado, los gobiernos locales y la sociedad civil. Según Solís Moreira (2015), esta estrategia “pretende activar a los actores locales como contrapartes activas para decidir y decidir respecto a la prevención de la violencia y del delito” (p. 5).

Lo innovador del modelo fue su enfoque multisectorial: combinó intervenciones en áreas de urbanismo, educación, empleo, cultura y salud, con la intención de atacar las raíces estructurales de la violencia. La estrategia se apoyó en el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI), que permitió articular las acciones de las diversas instituciones involucradas, y en el programa Tejiendo Desarrollo de la Casa Presidencial, encargado de facilitar la relación entre el Gobierno Central y el territorio.

Entre las principales acciones ejecutadas destacaron: el mejoramiento de espacios públicos, la creación de oportunidades recreativas y culturales para la juventud, la promoción del empleo y el fortalecimiento de redes comunitarias. El modelo planteó, además, una lógica de intervención diferenciada por zonas, atendiendo a los contextos específicos de cada distrito.

El programa Policía y Juventud

Otra experiencia destacable es el programa Policía y Juventud, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública y FUNPADEM, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Esta iniciativa surgió para mejorar el vínculo entre la policía y las juventudes en riesgo, promoviendo un modelo de prevención basado en la proximidad, la confianza y el respeto de los derechos humanos.

El programa combinó un proceso de capacitación y sensibilización para el personal policial con un componente fuerte de participación juvenil. Se diseñaron módulos de formación sobre desarrollo psicosocial de la adolescencia, derechos humanos, género y diversidad, y prevención del delito. Paralelamente, se promovieron espacios de diálogo entre jóvenes y policías para derribar estigmas y generar confianza.

Uno de los elementos más valiosos del programa fue su apuesta por el análisis del territorio mediante el mapeo de problemáticas, lo que permitió a las delegaciones policiales diseñar planes de acción ajustados a las necesidades locales. Este enfoque es coherente con la necesidad de contextualizar las políticas preventivas y superar los modelos de intervención estándar que tantas veces fracasan al no considerar las realidades del territorio.

Un ejemplo concreto de este enfoque es el programa Ligas Atléticas Policiales, implementado en mayo de 2025 en el Liceo Experimental Bilingüe de Palmares. Según el MEP, participaron 1 585 estudiantes y 140 docentes en sesiones deportivas orientadas a fortalecer “empatía, respeto y convivencia” bajo la supervisión de la Fuerza Pública.

Elementos que explican su éxito

Aunque ambos programas enfrentaron limitaciones (como la falta de sostenibilidad por cambios de gobierno o dificultades para asegurar la continuidad de los recursos), tienen en común una serie de características que explican su impacto positivo en las comunidades donde se implementaron:

• Articulación interinstitucional real: Las dos iniciativas lograron, al menos en sus fases iniciales, que las instituciones involucradas trabajaran de manera coordinada, superando la lógica fragmentada que muchas veces caracteriza a las políticas públicas en nuestro país.
• Enfoque integral: No se centraron únicamente en la acción policial o represiva. Combinaron dimensiones sociales, culturales, urbanísticas y educativas para atender las causas profundas de la violencia.
• Participación comunitaria: Tanto la estrategia de Desamparados como el programa Policía y Juventud entendieron que la prevención del delito solo es posible con la participación activa de la comunidad. La creación de espacios de diálogo, redes de apoyo y comités locales fue clave para fortalecer el tejido social.
• Adaptación territorial: Ambos programas partieron de un diagnóstico de la realidad local, lo que les permitió diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades y características de los territorios.

Lecciones aprendidas y desafíos pendientes

Las experiencias analizadas dejan valiosas enseñanzas. En primer lugar, confirman que la prevención efectiva requiere de un enfoque integral y multisectorial. La reducción de la violencia no es posible si no se actúa sobre sus causas estructurales: pobreza, exclusión, desempleo, deterioro del espacio público, falta de oportunidades para los jóvenes. En palabras de Solís Moreira (2015), “la coproducción de la seguridad implica la necesidad de una gestión pública ampliada en la seguridad, desde diversos niveles administrativos, de lo intersectorial, lo interinstitucional y lo local” (p. 5).

Sin embargo, ambos programas enfrentaron desafíos significativos. La continuidad en el tiempo es uno de los más importantes. Las estrategias preventivas no pueden depender de los ciclos políticos o de la voluntad individual de ciertos funcionarios. Requieren políticas de Estado sostenidas, con asignación estable de recursos y mecanismos de seguimiento y evaluación.

Otro desafío es lograr que la participación comunitaria trascienda los espacios formales de consulta y se convierta en una verdadera cogestión de la seguridad. Esto implica ceder poder real a las comunidades, fortalecer sus capacidades y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Finalmente, las estrategias preventivas deben avanzar hacia una mayor inclusión de enfoques diferenciados. La violencia y el delito no afectan a todas las personas por igual. Es necesario diseñar políticas que consideren las especificidades de género, edad, condición socioeconómica y ubicación geográfica.

Una propuesta para fortalecer las políticas preventivas locales

Como ejercicio creativo, propongo imaginar un programa denominado “Seguridad Viva Costa Rica”, que retome y amplíe las lecciones de los programas analizados. Este programa podría tener los siguientes componentes:

• Comités de cogestión de seguridad: Espacios locales con poder vinculante en la definición, implementación y seguimiento de las estrategias preventivas.
• Laboratorios territoriales de prevención: Espacios donde se diseñen, prueben y ajusten innovaciones preventivas de acuerdo con las necesidades del territorio.
• Programa nacional de empleo juvenil en territorios prioritarios: Como parte de la estrategia preventiva, con apoyo de la empresa privada y el INA.
• Red de espacios seguros: Recuperación y gestión comunitaria de parques, canchas y centros culturales.
• Sistema nacional de monitoreo y evaluación: Para dar seguimiento continuo y transparente a las acciones, con participación ciudadana.

Un programa así requeriría recursos, voluntad política y un compromiso ético con el derecho a la seguridad como bien común.

En resumen, Costa Rica ha demostrado, a través de experiencias como la estrategia de Desamparados y el programa Policía y Juventud, que es posible avanzar en la prevención de la violencia y el delito mediante modelos integrales, participativos y adaptados al territorio. El reto es consolidar estas iniciativas, transformarlas en políticas de Estado y seguir innovando para responder a los nuevos desafíos de la seguridad ciudadana. Como futuros profesionales de la criminología, debemos asumir la responsabilidad de pensar, proponer y construir políticas preventivas que estén a la altura de las necesidades de nuestra sociedad.

 

Referencias

FUNPADEM. (2020). Diálogos juventud-policía: sistematización de mesas de trabajo entre juventud y policía. San José, Costa Rica: FUNPADEM.

Solís Moreira, J. (2015). Seguridad ciudadana y prevención de la violencia en Costa Rica: estrategia operativa de coproducción y corresponsabilidad. San José, Costa Rica: FES América Central.

Ministerio de Educación Pública. (2025). Ligas Atléticas Policiales visitan Liceo Experimental Bilingüe de Palmares. Recuperado de https://www.seguridadpublica.go.cr/politica_nacional/politica_nacional_seguridad_publica_2023-2030.pdf